jueves, 28 de abril de 2011

VACAP creía que estrecharía lazos con el Colegio de Psicólogos de Villa María

                La agrupación de vecinos autoconvocados/as  contra los abusos policiales de nuestra ciudad,  nos reunimos  la semana pasada en la sede del Colegio de Psicólogos Regional Villa María, con algunos/as miembros de la actual comisión de profesionales , a los efectos de dar a conocer  nuestro accionar movilizador, por los hechos sistemáticos de abuso de autoridad de determinados policías,  que constituyen un sistema,  no pudiendo dejar de vincularlos con políticas emanadas de la superioridad policial.
             Expresamos que somos una organización política no partidaria en permanente discusión a través de una tarea educativa de difusión, resistencia y denuncia.
                Coincidimos en esa oportunidad en la construcción de proyectos educativos en sentido preventivo e informativo , que potencien ir constituyendo redes sociales, comunitarias, en donde los profesionales de la salud psíquica y socio-comunitaria,  junto con otras organizaciones sociales y de profesionales ,  fortalezcan políticas de respeto a los derechos humanos  y a la salud colectiva como institucional.
                Nos sentimos respetados y escuchados fundamentalmente como una entidad autónoma de los poderes locales, vinculada  en su hacer a la CTA, de Villa María,  puesto que ella nos ayudó a dar con la cartilla de “TENES DERECHOS”,  ya  que el año pasado estrechamos vínculos con la Secretaria de Derechos Humanos de la ciudad de Córdoba,  a cargo de Vitin Baronetto, quien dio una charla muy importante por su contenido político, en relación a la violencia estructural e institucional  y  policial en particular.
             Resaltamos además que nuestra organización es anti represiva, intentamos no solo interesarnos en los hechos de nuestra ciudad sino, en casos que ocurren en todo el país, que da existencia a CORREPI ,  lo que permite que profundicemos el  análisis de cómo se maneja la política de Estado, para no confundir la represión como producto individual de algunos funcionarios, sino entendiéndola en un marco ideológico más amplio.
            Estamos agradecidos por la atención prestada a los/as miembros presentes del Colegio de Psicólogos, y además porque es la política de VACAP ir tejiendo vínculos de defensa de los derechos humanos, con los colegios profesionales  tanto de abogados, como de psicólogos, y otros,  del campo del trabajo social y la psicopedagogía, con quienes proyectaremos a corto plazo una actividad de servicio a la comunidad, tan violentada por los abusos policiales, para que la violencia física ni simbólica se naturalicen y justifiquen en ningún sentido.

viernes, 22 de abril de 2011

DENUNCIA PUBLICA

                La semana anterior presenciamos como VACAP  en  la mañana del martes que  tres móviles frente a la muni vieja detenían a dos jóvenes adolescentes con gorrita, la gente presente en el lugar se sorpendió por el operativo, incluso una mujer trabajadora social del área de vivienda receptó el pedido de ayuda de uno de los pibes,   periodistas allí presentes registraron el hecho para dos radios locales.
                LLega a VACAP semanalmente la información de gente del pueblo que continúan   deteniendo por Código de faltas a mansalva,  el estímulo es un pago o comisión a cada agente  por chicos apresados  con antecedentes, se paga más por ellos que por los chicos/jóvenes sin antecedentes. 
              Son más de 40 personas hacinadas en los calabozos de la ur8 todos los días, a las cuales no les llega la comida y bebida que sus familiares le acercan, los jóvenes son esposados, maltratados física y psíquicamente,  lo que da cuenta de las políticas represivas y de seguridad diseñadas por los grupos de poder local, que mantienen viva la" ética del mal"(según Alain Badiou) y la detención como bien de mercado, como formas de control social.
                        NO NATURALICEMOS ESTAS PRACTICAS ANTICONSTITUCIONALES, DENUNCIEMOS EN LA FISCALIA DE TURNO. TRIBUNALES AL LADO DE LA SEDE POLICIAL en la ciudad de VILLA MARIA- CBA.
                   VACAP 0353- 154099263- 154122130- 4526121-

PARTE DE PRENSA VACAP.


-          Convocamos a reunirnos en la plaza centenario jueves 24 de marzo a las 10,30 hs.
Apoyamos el juicio y castigo a los culpables de la dictadura cívico-militar responsables de tanto atrocinio y terrorismo de Estado
  y a  los que hicieron de la deuda privada una deuda pública,
    juicio y castigo para ellos también
  por la  entrega del paìs y el robo económico al pueblo.
 No obstante seguimos luchando por :
 - el pleno derecho  de todos los ciudadanos/as EN DEMOCRACIA
 - derogación del código de faltas de la provincia de Córdoba.
 - basta de detener a los pibes de los barrios en calabozos inhumanos y hacerles perder su trabajo
 - juicio y castigo a los policías de  gatillo fácil y a quienes dan las órdenes.
 - Derechos humanos  en cárceles. Ley 24660.
- escuelas de formación policial a partir de una ética de derechos humanos
 - POR UNA VERDADERA JUSTICIA para los sectores populares
independiente del poder político-económico
           VACAP -VILLA MARIA- ADHERIDA A MOVIMIENTOS ANTIRREPRESIVOS Y ANTICARCELARIOS provinciales y nacionales.

Parte de prensa de integrante de VACAP:

Como integrante activa de VACAP  participó junto a todos/as los compañeros/as  en el accionar de VACAP, también  en la mañana del 30 de noviembre en la ur8, por  el derecho me le asiste, y  que ante las versiones ofrecidas en los diferentes  medios de comunicación por los partes policiales, informo  a la ciudadanía que  en honor a una ètica de la  verdad  y a  una ética del bien Vacap organización humanitaria y política,  exigió a través de la voz de nuestra compañera Mónica Sonzini,   el cumplimiento irrestricto de la ley en cuanto a que la adolescente menor de edad debía ser liberada inmediatamente después de 9 horas que llevaba su  detención -junto a cinco jóvenes militantes de la juventud guevarista - y que por ley tampoco podía permanecer en los calabozos- recintos inhumanos-  sino en la oficina de guarda, ante el representante policial  Dagatti,  a cargo de minoridad. 
                La exigencia inclaudicable fue por el  irrestricto cumplimiento de la ley , este posicionamiento discursivo  derivó en la violenta detención por la fuerza policial de nuestra compañera. Como integrante  de Vacap,  doy fe de los pronunciamientos allí vertidos ya que estuve presente y participe  en la situación verbal aludida que fue contrarrestada con la violenta y brutal  detención policial de la compañera Mónica militante política y  social por los ddhh. Nuestra presencia y la exigencia discursiva no se condicen en ningún sentido con la violencia física y simbólica ejercida por el poder estatal.
         La violencia es constitutiva del aparato policial,  el silenciamiento y complicidad de los poderes estatales hace que nuestra organización continúe denunciando estas prácticas abusivas en resguardo de los derechos y responsabilidades ciudadanas. Derna Montero. 6 de diciembre de 2010 conferencia de prensa.
10 de diciembre. Radio abierta en plaza centenario.

Solidaridad

Lic. Derna Evis Montero 
 
Como ciudadana, educadora, y militante libertaria en diferentes colectivos autogestionarios me solidarizo con la compañera Monica Sonzini,
Con su humanidad, sensible y potente al accionar en  rebelión contra el poder que oprime a jóvenes/as trabajadores, estudiantes, desempleados, provenientes de sectores populares, como de todo otro/a joven violentado/a  por la policia y por prácticas judiciales aberrantes.
PREGUNTO: donde se manifiesta la locura  creativa  o perversa? en las prácticas de denuncia de la violación a los ddhh ?o en los mecanismos de dominacion jurídicos y policiales que  producen tal violentación ?
Se criminaliza la protesta social, lo dan cuenta los presos políticos de esta democracia formal,
Se judicializa al ciudadano de los sectores populares como victima de un codigo de faltas injusto, 
Se psiquiatriza el pensamiento y  la voz de una educadora que forja pubertades y adolescencias críticas y tiernas, retrotrayendo y actualizando  el siglo XVIII y XIX, donde la psiquiatría dominante, se instalaba y permanecía como dispositivo de saber-poder, disciplinario y científico  sobre las subjetividades resistentes a ordenamientos conservadores de apropiacion de los sujetos.
Se vende la noticia, ahora,  como castigo ejemplificador y como estrategia del poder mediático donde se expresan los grupos de poder
Si este es el terrible costo que deben pagar los colectivos ciudadanos, con sus vidas en el encierro o en la marginalidad, en la estigmatización: 
PREGUNTO: ¿porque quienes imparten justicia en villa maria, no dictaminan sobre los más de veinte crímenes impunes, tampoco sobre autorias intelectuales de atentados mafiosos a ciudadanos sindicalistas o fiscalías en servicio, o ante robos del erario público?
LA LOCURA PERVERSA COMO POLITICA DE UN NO SABER /SABER DE LA JUSTICIA EXCEDE A LAS PERSONAS REALES y concretas, las sobredetermina, sin minimizar la responsabilidad que le cabe a cada uno/a en el rol que desempeña dentro de las instituciones del sistema capitalista- democrático  integrado, y dentro de  sus aparatos ideológicos y represivos del Estado. 
Se está a tiempo para transformar lo injusto en justo, la figura del mal por la ética del bien, el silenciamiento y la complicidad por las denuncias a los culpables con juicio y castigo, el egoísmo y la indiferencia por las utopías de bien común y la solidaridad, la locura perversa por la locura creativa y libertaria. Es la búsqueda de una posición ante la vida, y la vida siempre es con otros/as diferentes y semejantes. 

DE VIOLENCIAS RECONOCIDAS Y REPUDIADAS para unos ciudadanos Y DE VIOLENCIAS NEGADAS de Injusticias para otros ciudadanos.

                       Que un ciudadano, cumpliendo una función pública en el municipio de Villa María  y su familia sean intimados por una acción violenta por otro u otros ciudadanos/as , es un hecho preocupante, ya que da cuenta del  fracaso de  la palabra y el acuerdo, al irrumpir  la acción con sentido amenazador, la  que tuvo su contrapeso al convocarse a un conjunto  de responsables de instituciones públicas y privadas  para efectuar  la protección y la  solidaridad,  ante el irracional hecho y sus efectos en la subjetividad de los que lo vivenciaron.
                         Vacap se pone en  el lugar del otro, de los otros,  de las víctimas  del hecho violento, comprende su situación de violentación  y se pregunta ¿porque se llega a esa situación? ¿Cuáles son las motivaciones que producen el hecho amedrentador? Será la justicia la que deba actuar para esclarecer el caso, que cuenta con los recursos para llegar a la verdad jurídica, y no escatimará esfuerzos.
                       Al mismo tiempo nos preguntamos porque se reacciona tan rápido y en forma tan saludable para reconocer esta violencia y repudiarla y no se respeta  a miles de jóvenes que son detenidos por el Código de Faltas de la Provincia de Córdoba? , en su mayoría en forma arbitraria, arrojándoles al desamparo de la pérdida de  trabajos, y a la situación de exclusión y por ende, a  la vulnerabilidad de caer en las redes de acciones delincuenciales, o en  prácticas de acoso a personas exprivadas de libertad reforzando los imaginarios estigmatizantes.
                     Que estas prácticas policiales  ante el Código de Faltas se efectúen deviene de los poderes de la república tanto provinciales como municipales,  el  legislativo que lo formula  como legalidad,  el ejecutivo que lo aprueba y el judicial que lo reprime.
                     Vacap va a seguir bregando por la derogación del Código de Faltas, por una  justicia para todos los ciudadanos/as  violentados, y para que la denegación de justicia no se siga practicando hacia los sectores populares,  dejando impune a las prácticas policiales violentas sustentadas por el aparato estatal.
                  Confiamos en la ética profesional de algunos funcionarios  del poder que  representen para abran puertas  a un ejercicio pleno de las prácticas democráticas  enunciadas en la constitución madre. y en los derechos humanos del pueblo violentado por las políticas represivas, en su más amplio  sentido.

Solidaridad con el Periodista Gabriel Correa y Repudio a las agresiones Policiales sufridas

V.A.C.A.P / Vecinos Auto convocados Contra los abusos Policiales, se pronuncia y repudia enérgicamente las agresiones policiales contra el periodista Gabriel Correa, como así también por las demás personas que han sido violentadas recientemente por algunos inadaptados que forman parte de las fuerzas policiales. Aprovechando el absurdo código de faltas justifican sus conductas discriminatorias, inhumanas, cruel y degradantes contra los ciudadanos. Quienes le han encomendado  resguardar  la seguridad.
Entendemos que es parte de una política de gobierno provincial y local que entienden que con mano dura se mejora  la seguridad pública. Pero no comprendemos como es posible que se encierren a tantas personas inocentes utilizando argumentos discriminatorios, como la portación de rostro o el solo echo de pertenecer a una familia humilde.
A modo de ejemplo y para graficar lo que sucede en villa María, según estadísticas de las propia fuerzas policiales,  en 2008 se privaron de la libertad a 2725 individuos inocentes,  sin haber cometido delito alguno. En 2009 la departamental UR8 informa 2362 detenciones en la ciudad. Y en Rio Cuarto, siendo esta una ciudad con mayor población que  la nuestra,  la cifra es inferior asciende a 1889. O sea,  esto no demuestra el éxito de la policía local,  sino todo lo contrario, ante la imposibilidad de atrapar delincuentes. Abusan del código de faltas para encerrar una gran cantidad de personas y así  elaborar falsas estadísticas, ya que esos ciudadanos no cometieron delito... Son totalmente inocentes. Esta es la realidad de la política de estado en materia de seguridad.
También entendemos que hay un intento de judicializar la protesta social  e ir sobre aquellos que cuestionan a los que detentan el poder.  Tal es el caso; de la docente Mónica Sonzini, el dirigente Jorge Bonano, los jóvenes de la juventud guevarista, el ex legislador Valinotto etc., etc.
 Entre ellos incluimos al periodista Correa y denunciamos que es un nuevo atentado contra la libertad de expresión. Recordemos que el policía que comienza la agresión y luego es acompañado por otros tres uniformados se llama Jorge Espinosa; hijo de Ana María Carrera de Espinosa ex funcionaria municipal denunciada e imputada por el escándalo de los vales en la gestión Veglia y que el periodista menciona en su libro Todo vale.
La prensa local en todo su conjunto,  informo los mismos hechos públicos que transcribe correa en su libro, es por ellos que advertimos y alertamos a todos los comunicadores sobre esta situación.
Finalmente apelamos a todos aquellos que detentan algún tipo de responsabilidad  y llamamos a reflexionar para terminar con la impunidad reinante. Y  sean sancionados todos aquellos que atentan contra la libertad de los ciudadanos.

                                                       Villa Maria, 11 de Abril de 2011
                                                       V.A.C.A.P / Personeria Juridica en Tramite

Carta de una ciudadana

jueves 21 de abril de 2011

Córdoba, SAN VICENTE HOY: CÓDIGO DE FALTAS SOLO PARA LOS VECINOS

Este comunicado fue escrito por Liliana Cornejo, vecina de barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba, tras ser testigo de otro brutal abuso de autoridad y violación a los derechos humanos por parte de la policía tan repudiables como habitualesen esta ciudad.
http://anticarcelaria.blogspot.com/2011/04/cordoba-san-vicente-hoy-codigo-de.html 
Córdoba, SAN VICENTE HOY: CÓDIGO DE FALTAS SOLO PARA LOS VECINOS

Este comunicado fue escrito por Liliana Cornejo, vecina de barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba, tras ser testigo de otro brutal abuso de autoridad y violación a los derechos humanos por parte de la policía tan repudiables como habituales en esta ciudad.
"Escribo a los medios porque es la recomendación que tenemos: !Sólo echando Luz...estarán protegidos": El sábado 16 de abril me despertaron los gritos de un joven víctima de esta injusticia...7 30 en la esquina de San Jerónimo y Galíndez, San Vicente, en frente de mi casa (y la ventana de mi dormitorio da a la calle...varios policías golpeando a Marquito (19) que había salido de la casa de la novia y se iba a su casa a unas 15 cuadras. A la vuelta, por san Jerónimo está la seccional 5º, por donde pasa siempre, camino obligado.
Hace 15 días salió de Bouwer: merodeo, resistencia a la autoridad, riña callejera.... todas causas que él se cansó de decir que no eran ciertas y nadie le creía...o en el mejor de los casos dudábamos de lo que decía.
Pero hoy, después de haber visto lo que vimos varios vecinos, que nos acercamos a PEDIR el cese de tanta violencia y que nos amenazaron con volver a "disparar contra nosotros" (dijo “a cagarlos a tiros”) por meternos en lo que no nos interesa y que sería "cualquier día de estos... porque pasamos todos los días por acá - " Bueno, nos damos cuenta de que Marquito no mentía. Hasta el mismo padre, llorando, dijo que debía pedir perdón a su hijo porque NUNCA LE CREYÓ.
Sabemos que esto pasa por muchos factores, desde las leyes hasta lo cultural, que permiten esta terrible situación de violación a los derechos humanos. No todo pasa por la policía porque ellos ejecutan lo que otros sectores de sociedad están sustentando. Pero no lo hacen desde el profesionalismo ni mucho menos desde las buenas intenciones, no podemos dejar de ver con cuanta falta de respeto nos tratan todos, de ver cómo en esa institución está vigente la escuela del autoritarismo y del abuso. Los que estábamos ahí, ante la desesperación de ver cómo golpeaban a Marco, no reparamos en el riesgo que corríamos al acercarnos a pedir que no le pegaran más, nos estaban amenazando con matarnos arma en mano y las mujeres cómo no había "una femenina" no corrimos la misma suerte de ir detenidas. Que quede claro que no interferimos: solo pedíamos que dejen de golpearlo. Tengo una imagen que me persigue, como cuando era chica y había visto una película de terror: me persigue la imagen de lo que vi cuando abrí la ventana por los gritos de auxilio y Marco en el suelo, un botín le refregaba la cabeza contra el piso y otro botín pateando su estómago...y otro la espalda y les grité "dejen a ese chicooooooooo!!!" en ese momento eran cinco y cuando salí al minuto eran como 8...y después más de diez… estaba azul la esquina!
Yo vi y oí todo, desde mi ventana y luego de cerca y no tengo miedo y quiero denunciar los abusos y las amenazas, al menos para dar ejemplo de que no tenemos que ser cómplices de esto. Y en el hall de la 5º pedía a todos mis vecinos allí reunidos que acompañemos en la marcha de las Gorras y en cada reclamo a los legisladores para que esto deje de suceder.
En eso tratan de sacar a Marco para trasladarlo a la "16 o 17" no recuerdo bien y ya estaba el padre ahí en el hall y el pibe gritaba "Me van a matar Papi, esta vez me matan" y cuando cruzó a un policía le gritó " PARA VOS NO ROBO MÁS... ESTE ES EL QUE ME MANDA ROBAR, PAPI"- Y EL PADRE CON MUCHO DOLOR EN EL ROSTRO DIJO - "ENTONCES, ERA CIERTO".
Ah...Marquito HABÍA CONSEGUIDO TRABAJO, empezaba a trabajar hoy martes 19 de abril y ahora está en encausados. La causa: DESACATO Y LESIONES A POLICIAS. Esto es tragicómico, de verdad es una payasada en lo formal, pero el pibe preso una vez más, con la vida truncada, la cabeza rota y en el alma no le entra una bala más.
A nosotras nos acompañó un oficial hasta la esquina y nos preguntó: ¿a dónde viven ustedes?. -Ahí y ahí – dijimos. Si quiso amedrentarnos no lo logró.
Saludos y muchas gracias".
Liliana Cornejo
DNI 12837360
Galindez 1316 - San Vicente
0351-4554933







PARTE DE PRENSA

DE VIOLENCIAS RECONOCIDAS Y REPUDIADAS para unos ciudadanos/as   Y DE VIOLENCIAS NEGADAS y  de Injusticias para otros ciudadanos/as ( parte II)

      Vacap se solidariza con el ciudadano y periodista  Gabriel Correa por la violencia  estatal- tanto física como psicológica-  ejercida hacia su persona el dia jueves 7 de abril por parte del "personal policial, Jorge Espinosa y de  tres agentes pùblicos màs, dos hombres y una mujer", quienes  abusaron de su poder  en la vía pública hacia la mencionada persona.
     Repudiamos éste y cada uno de los hechos de violencia policial llevados a cabo por el personal policial abusivo,  quienes en cumplimiento de su deber actúan bajo estrictas órdenes de sus superiores como es la política en  dicha fuerza. Siendo a su vez responsable de estas pràcticas  el poder político local  de la política de seguridad diseñada para controlar a una parte de  la ciudadanía  estigmatizada como "sospechosa" , "peligrosa" o "insurgente" en beneficio de otra parte de la ciudadanía considerada legítima o plena de garantías.
    Para denuncias las fiscalías de turno en  tribunales de Villa María.
    Para ayudarte tel.  de VACAP integrada al movimiento antirrepresivo y anticarcelario:  0353- 154122130- 154099263- 4526121.
     INVITAMOS A LA CIUDADANIA A  LA RADIO ABIERTA EL VIERNES DE 9 A 12 HS 
     en la Plaza Independencia,  por la defensa irrestricta  de los DDHH  de ayer, hoy y mañana.

CORREPI - Presentacion del Archivo 2009 de Casos de Personas Asesinadas ...

Nota enviada a la Jueza de Control

Villa María, 11 de abril de 20ll

A la Jueza de Control
Ab. Edith Lezama
S              /             D

De nuestra mayor consideración:
                                                          Vecinos Autoconvocados contra abusos policiales,  VACAP (personería jurídica en trámite)  se dirigen  a Ud. Por el derecho que le asiste a todo/a ciudadano/a de  peticionar a las autoridades para que dé a conocer a la mayor brevedad la cantidad de  personas que han sido detenidas por Código de Faltas de la provincia de Córdoba en Villa María desde 2008  hasta la fecha  ,  en las diferentes tipificaciones  de dicho código.
                                                            Dicho requerimiento se caracteriza no solo por la sujeción de todos los poderes a la Constitución y la ley, sino también por asignarle al individuo un rol central. Es por eso que nuestra Constitución comienza por la enumeración de una serie de derechos, deberes y garantías individuales para luego establecer la forma de gobierno y elección de autoridades. Esto quiere decir que el centro del Estado de derecho es el individuo, que es considerado un sujeto de derechos. La sola condición de persona humana lo hace “portador” de una serie de derechos que le son inherentes e inalienables y que hacen a su dignidad humana. El Estado se encarga solamente de garantizar la protección en el goce de esos derechos, pudiendo afirmarse que su “razón de ser” se encuentra en la realización de ellos.
                                                            Por lo tanto esta exigencia se encuentra expresa e implícitamente consagrados en el programa constitucional e instrumentos internacionales constitucionalizados  y cuyo eventual incumplimiento nos coloca en contradicción con la comunidad internacional y ante la posibilidad cierta y concreta de sanciones por parte de los organismos internacionales encargados de controlar y preservar la plena vigencia de los derechos humanos en cada uno de los Estados parte.
                                                           Es importante señalar lo que reza la Constitución en su art.14.- Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio; a saber: (…); de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa  sin censura previa (…). Si entendemos a la actividad jurisdiccional como la exteriorización de los actos de gobierno de uno de los poderes de la República (el poder judicial), comprendemos la necesidad de que tanto sus procedimientos como sus procedimientos sean hechos a la luz pública y puedan ser sometidos a debate por la comunidad en la cual se insertan.
                                                     Nuestra petición está basada en un imperativo republicano insoslayable para un estado democrático de derecho, por lo tanto esperamos y confiamos en su respuesta positiva. La saludamos muy atentamente.
                                                   VACAP, VILLA MARÍA 

Primer Congreso Latinoamericano Sobre Código de Faltas, Seguridad y DD.HH.

Tras la denuncia de Gabriel Correa, Solidaridad de entidades


Vacap denunció la "violencia estatal", al tiempo que APDH reclamó al fiscal que instruye la causa "que se expida prontamente y ponga luz a esta situación"

Vecinos Autoconvocados Contra los Abusos Policiales (Vacap) expresó su “solidaridad con el ciudadano y periodista Gabriel Correa, al tiempo que denuncia la violencia estatal -tanto física como psicológica- ejercida hacia su persona el día jueves 7 de abril por parte del personal policial Jorge Espinosa y tres agentes públicos más, dos hombres y una mujer, quienes abusaron de su poder en la vía pública hacia la mencionada persona”.
Repudiamos éste y cada uno de los hechos de violencia policial llevados a cabo por el personal policial abusivo, que en cumplimiento de su deber actúa bajo órdenes de sus superiores, como es la política en dicha fuerza. Siendo a su vez responsable de estas prácticas el poder político local, con su política de seguridad diseñada para controlar a una parte de la ciudadanía estigmatizada como sospechosa, peligrosa o insurgente, en beneficio de otra parte de la ciudadanía considerada legítima o plena de garantías”, agregó.
Indicó además que para denuncias hay que dirigirse a la Fiscalía de turno y para solicitar ayuda urgente se puede llamar a los teléfonos 154122130, 154099263 y 4526121.
En tanto, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos señaló en su nota que en su última reunión “estuvieron el periodista Gabriel Correa y la profesora Mónica, Sonzini, quienes solicitaron se les escuchara para informar del hecho en el cual se vio involucrado el primero, requiriendo luego que APDH se expida sobre el particular”.
“La situación que vivió el periodista es del dominio público y puede leerse en EL DIARIO del 9 del corriente mes, en donde se detallan los pormenores de este episodio entre Correa y agentes de la Departamental San Martín”, indicó la organización, para agregar que “reiteradamente hemos sostenido la necesidad de encontrar las herramientas no violentas, como respuestas a estas situaciones traumáticas que se producen en la vía pública y que faciliten formas de convivencia en un plano de respeto entre los ciudadanos y la autoridad”.
“Siempre queda la duda ante estos episodios, por lo que requerimos de la Justicia, en este caso en manos del fiscal doctor Gustavo Atienza, que se expida prontamente y ponga luz a esta situación, en donde está involucrado un ciudadano que tiene derecho a ser respetado y la autoridad que debe velar para evitar la violación de los mismos y garantizar la integridad de las personas.”

La criminalización de los jóvenes de sectores populares en la ciudad de Villa María y la Región

La políticas neoliberales, implementadas en la década del 70, pero fuertemente  profundizada en los años 90, dejaron grandes consecuencias en la estructura del país, algunas de la medidas tomadas fueron el “achique” del Estado y se promovió la apertura del mercado externo, la desregulación de la economía, la privatización de empresas públicas, la flexibilización del mercado laboral y recortes en las prestaciones de la seguridad social. Generándose un ambiente propicio para el ingreso de capital financiero externo. Al mismo tiempo, se inició un proceso de descentralización estatal, la salud y la educación fueron trasladadas a los gobiernos provinciales, y se implementó un régimen de coparticipación.
Como señala Daniel García Delgado (2001), desde fines de la década del 90, comienzan a darse las reformas de “segunda generación” de políticas neoliberales, planteadas a partir del consenso post-Washington. Con estas políticas se busca mejorar la gestión, reducir el gasto público y enfatizar en las instituciones como reguladoras de mercados. , las medidas económicas adoptadas en las últimas décadas, impactaron fuertemente en la situación del mercado de trabajo. La reducción de la estructura productiva generó la caída del empleo industrial y del empleo asalariado, además implicó la precarización de las condiciones laborales. La polarización social se hizo cada vez más aguda a la vez que se registran cambios en las identidades sociales. A fines del 2001, el 42% de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza, donde la crisis institucional-política y económica fue un síntoma del modelo instaurado. Actualmente no se presentan cambios a niveles estructurales, donde casi diez millones de argentinos viven todavía en situación de pobreza e indigencia y 6 millones de personas con ingresos levemente por encima del umbral de la pobreza siguen estando en situación de gran vulnerabilidad (CELS,2008).
Sin embargo, en los últimos años, la palabra  (in)seguridad, sentimiento de inseguridad o datos concretos de aumento en las tasas de delitos han repercutido en la agenda pública y en las políticas adoptadas para abordar la problemática.
De este modo, frente la  descomposición del tejido social, donde la inseguridad de poder acceder a educación, empleo y salud, los discursos de inseguridad ocluyen el conflicto social (Scribano, 2008). En este sentido, como señala Alcira Daroqui, frente a las seguridades perdidas se reduce el significado de la palabra seguridad respondiendo con políticas criminales.
De este modo, en el presente trabajo nos concentraremos en las políticas de seguridad implementadas en la provincia de Córdoba,  para en un segundo momento presentar las consecuencias de dichas políticas punitivas-selectivas y por último, describir algunas acciones, para dialogar hacia una construcción para la resistencia. 

El Brazo Penal del Neoliberalismo
La expansión imperial del capitalismo puede ser caracterizada como: a) un aparato extractivo de aire, agua, tierra y energía, b) la producción y manejo de dispositivos de regulación de las sensaciones y los mecanismos de soportabilidad social, y c) una máquina represiva (policial-militar) global y local.(Scribano, 2008,2010)
Este último aspecto, se visualiza en la provincia de Córdoba en la aplicación de las políticas de Seguridad  y la aplicación de la teoría de Tolerancia Cero procedente de New York. Así, se empieza a visualizar desde el año 1999, la mutación del Estado  Benefactor de derechos básicos al Estado Penal (Wacquant).
Paul Hathazy, analiza dicha transformación en la provincia de Córdoba, teniendo en cuenta como primer cambio al interior de la administración provincial un aumento en el año 2004 del gasto en Seguridad y una disminución de los gastos en materia de Promoción Social, donde se destinó 322 millones del presupuesto en materia de Seguridad y 230 millones para Promoción y Asistencia Social. A su vez, señala que dicha mutación es correlativa en el aparato burocrático provincial, donde se realiza en el año 1999, una modificación de los rangos institucionales en clara cosmología neoliberal, donde la Secretaría de Seguridad como parte del Ministerio de Justicia se pasó a la institucionalización plena como Ministerio de Justicia y Seguridad, y el Ministerio de Desarrollo Social es convertido en Secretaría de Solidaridad y luego en simple Agencia Solidaria.
En el mismo sentido, Valeria Plaza Schaefer, analiza el cambio en las prácticas institucionales,  en materia de Justicia y Seguridad, donde el actual gobernador Lic Juan Carlos Schiaretti, disolvió el ministerio de Seguridad pero no pasó a depender del Ministerio de Justicia sino que depende del Ministerio de Gobierno, lo cual atenta contra la posibilidad de una política de seguridad más democrática y respetuosa de los derechos humanos, como así también obstaculiza los  controles institucionales por parte del poder legislativo y judicial.
A su vez, durante el año 2004 se reúne el gobernador José Manuel de la Sota, la Fundación Axel Blumberg y Carlos Medina representante del Manhattan Institute for Policy Research de Estados Unidos, para Latinoamérica. Dicho acuerdo implicó medidas de cortes represivas y selectivas sobre un determinado grupo social, en particular jóvenes, pobres donde las detenciones por “portación de rostro” se hicieron cada vez más agudas.
En este contexto se produce el Informe del Señor Ministro de Seguridad de la Provincia al señor Gobernador Dr. José Manuel de la Sota de enero de 2004, el cual se basó sobre tres ejes 1) Reingeniería, modernización, capacitación y eficientización  de la policía 2)Control Ciudadano Objetivo sobre la institución como garante de honestidad y legalidad en el accionar policial (Tribunal de ética Policial) y 3) Participación activa y comprometida de la ciudadanía en las políticas de prevención, con apoyo interdisciplinario e interministerial. Lo cual implicó un aumento de agentes policiales, un aumento en equipamiento en automóviles y armamento, aumento en controles de vigilancia mediante sistemas de cámaras comunitarias, en síntesis implicó medidas represivas frente a comportamientos considerados “sospechosos”.
A su vez, en el año 2005, se promulga la ley 9235, en donde el eje es la “prevención” del delito. En el Artículo 22, cuando especifica la función de la policía se plantea:- “LA función de la Policía de la Provincia de Córdoba consiste, esencialmente, en el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública, en la prevención y juzgamiento de las contravenciones y en la disuasión, prevención y conjuración temprana del delito, como así también su investigación cuando corresponda de acuerdo a la ley.” Lo que se tradujo en un aumento del patrullaje por la ciudad de los Comando de Acción Preventiva y un aumento de las detenciones por contravenciones.
A su vez,  en la provincia de Córdoba regula desde el año 1994, el Código de Faltas, ley 8431, el cual es considerado inconstitucional dado que atenta tres preceptos constitucionales: 1)el principio de legalidad, 2) el derecho de defensa a juicio y 3) el derecho de acceso a la justicia. (Etchechurry, Juliano).
Lo que implica más arrestos, menos garantías y menos derechos, en este sentido Adela Coria y Horacio Etchechury señalan: “el Código afecta los derechos constitucionales a la defensa y a un juez imparcial. No garantiza un abogado defensor (art. 15). Cada persona detenida pasa hasta tres días esperando su “planilla de antecedentes”. Puede perder su trabajo o descuidar su familia. A la “sentencia” no la dicta un juez, sino un comisario o subcomisario (art. 114). Las penas más altas de arresto llegan hasta 180 días (art. 111 del Código).Las condenas quedan en los antecedentes de las personas por 2 años (art. 11). Esto dificulta, por ejemplo, conseguir trabajo. La marginalidad favorece nuevos arrestos, ahora con una pena agravada por “reincidencia” (art. 10).” (pp4)
Marcelo Sain, señala dos procesos de criminalización, por un lado están las agencias de criminalización primaria, que serían el parlamento y el poder ejecutivo al sancionar una ley penal mediante la cual se establece un conjunto de conductas prohibidas cuya comisión debe acarrear la punición de sus autores. Y las agencias de criminalización secundarias, que serían las agencias policiales, judiciales y penitenciarias, siendo las agencias policiales las que adquieren una jerarquía en el proceso de selección criminalizante dado que las demás agencias actúan administrando los casos y personas que fueron criminalizados efectivamente por las agencias policiales. Ahora bien, el autor señala “la detención de sospechosos de delitos o contravenciones, el registro de la información recogida en la tarea de vigilancia, la investigación de personas, etc, todo ello llevado a cabo por la policía con el pretexto de prevenir y conjurar delitos, les brinda a estas agencias un conjunto de atribuciones arbitrarias que caen fuera de toda forma de control o revisión institucional y que les proporciona un poder mucho más relevante que el atribuido formalmente a ellas” (pp20)
De este modo, el Código de Faltas, es criticado por organizaciones de derechos humanos, dado el carácter arbitrario de sus artículos lo cual le otorga un poder a las fuerzas policiales como herramienta de detención sin detallar adecuadamente la intervención policial, donde los jóvenes suelen ser detenidos en su mayoría por los artículos de merodeo y negativa a identificarse. A su vez, el aumento de las detenciones arbitrarias, el aumento de patrullaje por la ciudad, el aumento de agentes de seguridad son consecuencias de las medidas adoptadas en materia de seguridad, donde tuvo una gran influencia el asesoramiento del Instituto Manhattan en la aplicación de la doctrina de Tolerancia Cero y Ventanas Rotas, como señala Loic Wacquant  “el objetivo de la penalidad made in USA es menos combatir el delito que liberar una guerra sin cuartel contra los pobres y los marginales del nuevo orden económico neoliberal que, por doquier, avanza bajo la enseña de la libertad recobrada” (pp17) 

Los Cuerpos del Castigo  
Las políticas selectivas-represivas por parte del Estado es una de las políticas más visibles que ejerce el poder como política sobre los cuerpos. En la ciudad de Villa María, la cual cuenta, de acuerdo al último censo poblacional, con 88.643 habitantes, se realizaron en el año 2008, 2.725 detenciones por contravenciones y en el año 2009, se efectuaron  2.362 arrestos, donde los artículos en los que mayor se presenta detenciones es por la figura de merodeo, escándalo en la vía pública  y negativa u omisión a identificarse.(Datos proporcionados por la policía local Ur8)
Teniendo en cuenta un informe elaborado por Adela Coria y Horacio Etchechurry en toda la provincia de Córdoba, la Policía efectuó 54.223 arrestos. Cerca de la mitad (un 49%) afectaron a jóvenes menores de 25 años. Las detenciones por edad  se distribuyen  aproximadamente del siguiente modo: 44% son jóvenes entre 18 y 25 años, 20;8% entre 26 y 35; más de 45 años, el 17,4%; de 36 a 45 años, el 8,7%; y menores de 18 años, el 5,2%.
De este modo, Alcira Daroqui señala “El encierro de la peligrosidad, sea individual o social, ha sido una constante (hace dos siglos, hace un siglo y por supuesto en el presente) que construye una suerte de ‘estereotipo del delincuente’ históricamente identificable. Mas aún, ya no sólo serán los pobres sino que además en una ajustada selectividad se "preferirá" significar al delincuente también como joven y varón.” (pp3).
Los datos dan cuenta de la edad de la población que selectivamente el Estado castiga, pero que se solapa con condiciones sociales y económicas.
Los jóvenes que acompaña la organización Vacap (Vecinos Autoconvocados Contra Abusos Policiales) para realizar las denuncias frente a la violencia policial, como por detenciones arbitrarias proceden de los barrios Roque Saenz Peña, Las Acacias, Gral Roca, San Nicolás, Los Olmos, San Martín, Nicolás Avellaneda, Felipe Botta, San Juan Bautista, San Justo, Carlos Pelegrini, Las Playas, Centro como de la localidad de Villa Nueva, Las Perdices y Ballesteros. En este sentido, teniendo en cuenta los datos proporcionados por el “Centro Estadístico Regional de la Municipalidad de Villa María” (CERMVM) en base a los datos del censo de 2001, los barrios Carlos Pelegrini, Felipe Botta, Nicolás Avellaneda y Los Olmos presentan hogares con más del 40% de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). A su vez, los barrios las Acacias, Saenz Peña, Gral. Roca, San Martín, San Nicolás,  y las Playas, presentan hogares con menos del 40% de NBI.[1]
A su vez, la mayoría de los jóvenes son varones, pero la violencia también es ejercida sobre el género femenino, donde una niña de 13 años fue baleada por la policía, a la vez que otra niña la golpearon brutalmente en un pie que tenía operado causándole la inmovilidad del mismo. La violencia física como simbólica que se ejerce sobre el cuerpo individuo, subjetivo y social[2], tiene su complicidad en el poder, tanto el saber médico ya sea profesional de la salud de la institución policial como profesionales de la salud que atienden personas violentadas por la policía,  no informan correctamente los daños físicos. Esta complicidad también se da en el saber de la justicia, lejana y extraña ya en su mismo lenguaje, donde los familiares pasan horas recorriendo fiscalía sin respuestas, o sin que le den curso a sus denuncias.
Por otro lado, las mayores detenciones se dan por los artículos del Código como merodeo, negativa a identificarse o escándalo en la vía pública. Las detenciones muchas veces se producen camino al trabajo, donde los jóvenes varones se dedican a trabajos en la construcción como albañiles, herreros, colocación de aire acondicionados, o en supermercados.
En este sentido, tanto las denuncias que se presentan en El Diario local como las denuncias que da a conocer la organización Vacap, tienen como víctimas del Estado Penal a los jóvenes-pobres-de los barrios y en su mayoría varones.

De este modo, hay una construcción negativa con respecto a la condición de ser joven de sectores populares que los marca como posibles “sospechosos”. En este sentido, “los signos de selección victimaria no significan la diferencia sino la in-diferencia que introduce el desorden en dicho sistema. Así, contrariamente a lo que se repite desde la idea de discriminación: nunca es la diferencia lo que obsesiona a los perseguidores, sino su inefable contrario, la in-deferenciación. No es que veamos otro nomás o ley en el otro, sino la anomalía, no vemos en él otra norma sino la anormalidad.” (Boito,14)
Las detenciones arbitrarias no solo restringen la posibilidad de circular libremente por la ciudad, sino que también algunos jóvenes optan por irse a vivir a otra ciudad.
Colectivo de Denuncia
De este modo, frente al avance de las políticas represivas en materia de seguridad, en la ciudad de Villa María, en Octubre del año 2008, se constituye como colectivo un grupo de Vecinos Autoconvocados Contra Abusos Policiales (VACAP). La convocatoria fue realizada por el padre de un joven de 16 años del barrio LasPlayas, ya que su hijo fue detenido “por una supuesta contravención, lo requisaron en la vía pública sin testigos, le secuestraron la bicicleta sin labrar el acta correspondiente, lo alojaron en un calabozo de la Comisaría de Distrito y hasta lo fotografiaron para prontuariarlo como si se tratara de un delincuente” (El Diario, 1 Octubre2008). La contravención que le imputaron fue por negativa a identificarse, aunque el joven declaró haber proporcionado todos sus datos al momento de la detención.
En este sentido, frente a la impotencia del accionar arbitrario del poder policial, se recurrió al periódico local El Diario, donde se lee. “Invitamos a todos aquellos que hayan pasado por situaciones de abuso en el accionar policial, e incluso a quienes tengan certificados médicos, fotografías, filmaciones o cualquier tipo de prueba, para que se acerquen a la sede del Centro de Periodistas a los efectos de elaborar estrategias conjuntas para presentar ante la Justicia” (El Diario 1 Octubre). El colectivo se constituyó teniendo como principal objetivo la denuncia y acompañamiento de personas víctimas de abusos policiales, y algunas de sus acciones fueron presentar recursos de amparo y se repartieron cartillas “Tenés Derechos”, donde explica cómo actuar frente a una detención policial, entre otras acciones.
En el informe presentado a INADI, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, la organización Vacap se define como “una organización de vecino/as villamarienses movilizados por los  hechos sistemáticos de abuso de autoridad de determinados policías, y que constituyen un sistema que no podemos dejar de vincular con políticas emanadas de la superioridad policial.
Nuestra organización es antirrepresiva, intentamos no solo interesarnos en los hechos de nuestra ciudad sino, en casos que ocurren en todo el país, lo que permite que profundicemos el análisis de cómo se maneja la política de Estado, para no confundir la represión  como producto individual de algunos funcionarios sino entendiéndola en un marco ideológico mas amplio.
Trabajamos sobre algunas causas concretas; realizamos una intensa labor de denuncia, y acciones para que la ciudadanía se comprometa, contribuyendo a instalar el debate social sobre temas como la forma de intervención o la capacitación de las fuerzas de seguridad, en particular de la policía; trabajamos también sobre posibles cambios en la legislación vigente que permite grandes márgenes de discrecionalidad a los agente policiales, como por ejemplo el llamado “Código de Faltas de la Provincia de Córdoba”. 
En este sentido entendemos que la plena vigencia de los derechos humanos solo es posible a través de la transformación social; es en este camino que orientamos nuestro trabajo, es por ello que necesitamos de otras instituciones para continuar y enriquecer la tarea de concienciar y comprometer. Somos una organización política no partidaria en permanente discusión a través de una tarea educativa de difusión, resistencia y denuncia.”
A su vez en el informe presentan las siguientes líneas de acción:
Nos afecta  todo hecho en el cual una persona  sea víctima de las políticas represivas del estado, o de la represión política selectiva.
Asumimos una defensa o resistencia política y no técnica o legal  ya que  no somos profesionales de las leyes.
En el ámbito de la represión preventiva, nuestro objetivo central es promover la conciencia popular, poniendo en descubierto la realidad represiva cotidiana, combatiendo la “naturalización” de la represión que busca perfeccionar los mecanismos de dominación, e impulsando la organización popular en los barrios y sectores juveniles, desarrollando tares de formación e información.
 La organización barrial, entablar diálogo con familiares de víctimas; como tarea primordial, construir  una organización a nivel nacional.
Iniciar  la coordinación con otros grupos que trabajen en el campo antirrepresivo, con los que podamos tener acuerdo para la discusión y acción.
 Autodefensa popular.  Desarrollar materiales que circulen en barrios, colegios y facultades reproducidos por otras organizaciones y compañeros, como la cartilla “Tenés Derechos”.
Nuestros compañeros que participen a menudo en mesas redondas, charlas y debates en todo tipo de espacios.
Cuestionar la conducta de las “fuerzas” cuando no permiten comunicación con la familia al momento de la detención. Como también la no identificación del agente o su rango en el uniforme.
Evitar con la información difundida se aproveche de la indefensión de las víctimas. Los métodos que ponen en práctica son ilegales: detención por no poseer documento.
Recabar todo dato posible personal sin una orden de captura. Palparlos en la vía pública sin razón. Detenerlos por la figura de “merodeo”, solo por caminar.
El Código de Faltas revisarlo ya que se torna ilegal toda vez en que está basado en la presunción de que quedará librado a la propia conciencia de quienes lo ejecutan; sin inclinarse al debido control jurisdiccional o judicial de las conductas.
Recomponer en la población un sentimiento de protección legal y social, ante estas actitudes autoritarias sin sanción, ni reparación.”
 A su vez, el periódico local, El Diario, también se constituyó como lugar de denuncia, donde distintos actores acuden a denunciar y buscar protección en la opinión pública frente a la violencia institucional- policial.
Sin embargo, en casos de violencia policial, la única sanción que recibe el agente es el traslado, pero no se cambian las prácticas institucionales, solo se apunta a las medidas correctivas pero no sancionadoras de la conducta policial, a la vez que ocluye responsabilizando a un individuo la violencia que la institución genera.

Conclusión
El presente trabajo, intenta ser una contribución para un debate que se debe la sociedad con respecto a la problemática seguridad-inseguridad, en este sentido  dejamos algunos interrogantes abiertos con respecto a qué consideramos por seguridad.
El aumento en los últimos años de patrullajes por ciudad, como de agentes policiales no nos han indicado una baja en las tasas de delito pero si se hace cada vez más presente los casos de violencia policial como de masivas detenciones arbitrarias para justificar la “eficacia policial”.
En este sentido, Emilio Sevesso, señala “mientras esta práctica se ha tendido a naturalizar en las formas del accionar policial, socialmente se han vuelto cada vez más aceptada y tolerada bajo la re-producción de un extendido juego imaginario sobre la “inseguridad”. En primer lugar, la construcción de una sensibilidad creada en torno a un permanente riesgo personal y colectivo (miedo siempre, miedo en todas partes) que se co-constituye –como ya lo sabemos – por incidencia de los medios de comunicación, el juego político y los mitos urbanos. En segunda instancia, la creación de un fantasma que se impone como encarnación de los miedos (la pobreza, la juventud) y de una fantasía que la complementa como canal que vehiculiza una solución plausible (la política pública de seguridad y su complemento privado). De este modo se produce la sensación de que se lucha contra la inseguridad y de que se lo hace en la medida justa.” (pp2)
De este modo, el Estado castiga selectivamente a los jóvenes de sectores populares, restringiéndole sus posibilidades de acción, no solo de circular libremente por la ciudad, sino que también pierden sus trabajos. En este sentido, hay que dar una fuerte batalla deconstruyendo los significados que se le atribuye a la condición de juventud anclados en situaciones de pobreza a quienes se les atribuye tanto por parte del Estado como legitimado socialmente, portadores  de  peligrosidad. 
A la vez que es necesario leyes democráticas que permitan un control de la sociedad civil frente a las instituciones punitivas. En este sentido es importante la lucha que se viene gestando de las organizaciones antirrepresivas de carácter nacional y provincial, ya que es un indicio esperanzador de la no naturalización de la violencia. Como así también, la lucha que cotidianamente realizan los padres de los jóvenes violentados por la policía ante la corrupción del poder.

Autores:
Miembros de VACAP. -vecinos autoconvocados contra abusos policiales- de Villa Maria. pcia de Córdoba, Argentina- 
En la red antirrepresiva y anticarcelaria de Córdoba y el país.


[1] Los datos presentados fueron trabajados en “El contexto socioeconómico de Villa María tras la crisis de 2001: la importancia de la mirada en la construcción de los indicadores de pobreza” Aimar Lucas, Delgado Florencia y Peano Alejandra, en Otaiken. Boletín sobre prácticas y estudios de acción colectiva, Año 3, num6, Programa de Estudios sobre Acción Colectiva y Conflicto Social, CEA-UNC, Córdoba, PP 1-10
   
[2] El cuerpo individuo hace referencia a la lógica filogenética, a la articulación entre lo orgánico y el medio ambiente; el cuerpo subjetivo se configura por la autorreflexión en el sentido del “yo” como un centro de gravedad por el que se tejen y pasan múltiples subjetividades y, finalmente, el cuerpo social que es -en principio- lo social hecho cuerpo (sensu Bourdieu).(Scribano, 2008,2010)