viernes, 17 de diciembre de 2010
domingo, 12 de diciembre de 2010
FISCAL ATIENZA: SIN JUSTICIA NO HAY DERECHOS HUMANOS
Soy un poco fanática de algunos conceptos. Estoy convencida de que las teorías deben servir para transformar el mundo. La "parresía", concepto estudiado por Michel Foucault, significa decir la verdad pero no ante cualquiera, sino ante quien tiene poder, asumiendo los riesgos que implica esto. Significa decir la verdad cueste lo que cueste, y es el coraje lo que permite el ejercicio de la parresía, jamás la cobardía.
Mi amiga y militante social Mónica Sonzini ejerce y practica la parresía como forma de vida. La conozco hace muchos años y doy fe de ello. Dice la verdad, siempre. Y la dice con el coraje de quien ama a la gente y defiende los derechos humanos de las personas. Aunque, para descalificarla, le digan loca.
Si para algunos decir la verdad es estar loco…que bueno es estar loco entonces!!!
Seamos locos, digamos la verdad: el fiscal Atienza es conocido por la comunidad y sabemos de sus amistades con el poder político y de su singular característica de no resolver los importantes casos que pasan por sus manos. Tuve ocasión de conocerlo personalmente en 2005 cuando quisimos presentar una denuncia por maltrato físico y verbal contra una directora escolar. Fuí con alumnos de la universidad y madres de la escuela, nos trató muy mal, no quiso tomarnos la denuncia, parecíamos nosotros los delincuentes. Casualmente esta directora escolar, Alejandra Ardiles, tiene fuertes vinculaciones con el acastellismo, ya que es puntera en Bº Mariano Moreno apadrinada por Pampero Barrera y su esposa Verónica Vivó.
Seamos locos, digamos la verdad: Mónica Sonzini estaba defendiendo los derechos humanos de los chicos guevaristas, jóvenes con ideales que se contraponen al vacío tinellista que afecta a la juventud actual, cuando fue violentada por el poder, y cuando digo poder están todos incluídos: desde el Fiscal Atienza hasta la policía que golpeó salvajemente a Mónica, física y psíquicamente.
Sigamos siendo locos y digamos la verdad: es el poder político el que permite los abusos policiales porque le conviene acallar voces que dicen la verdad, en complicidad con funcionarios judiciales como, en este caso, el Fiscal Atienza.
Que se cometen atropellos en contra de los derechos humanos de niños, jóvenes y adultos en comisarías, hospitales, escuelas, todos los días en el mundo…no es ninguna novedad…todos lo sabemos…algunos lo decimos y asumimos decir la verdad.
Otros niegan la realidad, y de paso la esconden…y terminan siendo cómplices de la situación, como en este caso el Fiscal Atienza.
Quiero expresar mi eterna solidaridad con Mónica y la familia hermosa que junto a Daniel construyó con amor total y comprometido, el mismo que profesa por sus alumnos en cada una de sus clases.
Quiero expresar mi solidaridad con miembros de la VACAP especialmente con mi compañera Derna Montero, docente totalmente comprometida con la transformación del mundo.
Que viva la locura, que viva la verdad!!!
FISCAL ATIENZA: HAGA JUSTICIA!!!
MARÍA GABRIELA NASELLI
DNI 18.382.142
Pensar el accionar policial
Como ciudadano y ante las denuncias públicas que cuestionan cierto accionar policial, la actividad de organizaciones provinciales y locales que ponen la lupa sobre esta problemática y la relativización que se hace de las mismas, parece oportuno traer a cuenta las observaciones realizadas por el Comité de Derechos Humanos. Es este un órgano de expertos independientes de Naciones Unidas, encargado de vigilar el cumplimiento de lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité sesionó en la ciudad de Nueva York, en marzo del presente año, y apuntó una serie de "preocupaciones y recomendaciones" para Argentina.
Traer algunas observaciones del Comité sobre la problemática que refiero puede aportar a un debate que debería abrirse y ser objeto de toda la atención posible por los diferentes sectores de la sociedad. En especial de parte de los gobernantes y la dirigencia política en general.
El mencionado Comité, luego de reconocer avances en diferentes temas, señala otras cuestiones por las cuales aún queda mucho por hacer. Así llega a la actuación de las policías en Argentina y en el punto 18 del informe textualmente señala que "El Comité observa con preocupación la abundante información recibida relativa al uso frecuente de la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en las comisarías de policía y en los establecimientos penitenciarios…". Si bien se expresa que esta situación reviste especial gravedad en provincias como Buenos Aires y Mendoza, no deja de lado ninguna fuerza del país. Otro párrafo del mismo documento advierte que ese Comité "Observa igualmente que muy pocos casos denunciados son objeto de investigación y juicio y aún menos aquéllos que terminan en la condena de los responsables, lo que genera altos índices de impunidad. Al Comité le preocupa además la práctica judicial en materia de calificación de los hechos, asimilando frecuentemente el delito de tortura a tipos penales de menor gravedad, tales como apremios ilegales, sancionados con penas inferiores".
El documento del organismo de la ONU también menciona otras importantes cuestiones relacionadas con el funcionamiento de las policías en Argentina, como por ejemplo la aplicación de las detenciones preventivas, etc.
Leer los señalamientos de esta institución quizás nos ayude a entender que, a diferencia de lo que dicen algunos sectores, sería saludable abrir una discusión política sobre el funcionamiento policial en democracia. Hacerlo no dañará una institución que, por el contrario podrá salir fortalecida para su desempeño en el marco del respeto de los derechos humanos. Esto último incluso puede beneficiar a sus propios agentes que aún hoy están sometidos a regímenes de sanciones que, por lo menos, son discutibles y seguro tienen incidencia en sus desempeños profesionales. La discusión es sana, en democracia fundamental, y aportará a asegurar los derechos de todos los ciudadanos. El pensar cómo acciona la policía en democracia en un tema político que, reitero, a la luz de los sucesos de conocimiento público, merece un debate real en el cual se expresen todos los sectores. Ignorando el problema no se aporta sino a la injusticia social.
Lic. Jesús Chirino
Parte de prensa de integrante de VACAP:
La criminalización de los jóvenes de sectores populares en la ciudad de Villa María y la Región
lunes, 25 de octubre de 2010
“Los (pibes) menores entran y salen por la otra puerta” género: ficción.
"Esta aseveración la hacen muchos sujetos a diario, cuando se enteran por algunos medios de desinformacion , que un chico joven "negrito", "drogadicto", estuvo participando en un robo , o apuntando con un arma, que no siempre es de juguete, en donde los adultos brillan por su ausencia, es decir no se sabe nada de ellos/as. Los menores referidos en esta historia, son autónomos e independientes, de todo poder que los pueda influenciar o corromper.
Asi que llego la hora en la ciudad pujante de maria, de darles su escarmiento a esos sujetos menores a solicitud de los sectores que piden más mano dura, más seguridad, y a los gobiernos, entiendase con toda su división de poderes, que responden a esas exigencias de juzgar por lo que aparece, por lo que se ve a simple vista., en donde el pere-jil, es el abanderado, el mas propenso a reunir todas las condiciones para ser condecorado con esa distinción.
A las ordenes de encontrar uno al menos de los responsables, ante la justicia, cualquier parecido a la realidad es pura casualidad, que como es peresoza y anti-prejuiciosa, prefiere descargar el peso de las evidencias y los nombres de causas, a su progenitora la cia- poli, que como es cia se dedica a investigar los temas de estado también, como los de todo tipo de foja, especialmente a los ciudadanos de segunda, que le dicen., y protegiendo siempre a los ciudadanos de primera.
La justicia, es decir sus máximos responsables, son muy astutos para construir la in-justicia, con la estrategia de la "te-naza" con la "ame" , de amerita un descargo, en la que siempre, siempre los de abajo, son los que pagan, y sino vea en la cárcel quienes la habitan, "los ricos nunca entran y los pobres nunca salen", profetizaba un graffiti, y Foucault por supuesto.
Hay un niño menor de 15 años en el encierro oriundo de la ciudad de maría, estudiante secundario, de uno de los institutos educativos más importantes por su historia de educación popular, laica y democrática, en una de las cárceles de máxima seguridad, de la provincia homónima de aquella de Andalucía, quien lo encerró? Preguntan las voces ciudadanas, que en el estado de derecho, son las máximas voces, son la estirpe más fiel y genuina de la democracia representativa, repúblicana y federal, la justicia bajo ley de protección judicial del niño y el adolescente Ley 9053, responden, y quienes? la Secretaria de protección integral del niño y del adolescente Ley 9060 , con qué recursos? Con la Adhesión de la Provincia de Córdoba a la ley Nacional 26061- Ley 9396, y desde cuando rige? A los seis días de junio del año dos mil siete.
Ahí vienen esos y esas locas/os con un "megáfono" intentan tomar la institución para declarar la falta de pruebas, la inocencia hasta que se demuestre fehacientemente su culpabilidad, con derecho a defensa, con la autoridad competente investigando y protegiendo los derechos de l niño y niña y adolescente., no!!! ellos son subversivos!!!! quieren hacer respetar la ley, las leyes,!!! no, "cia-poli", no, " in-justica", abrales ya una causa , no se puede permitir este abuso, hay que darles un escarmiento como con al quinceañero, es nuestro deber y para eso nos pagan...ah digame cuanto cobra usted?, y más de 20.000 pesos, hace poco estuvimos subiendonos los sueldos, vio como hacemos cumplir la ley. "
cuento ficcional, cualquier parecido con la realidad es pura causalidad, casualidad digo.
jueves, 19 de agosto de 2010
martes, 17 de agosto de 2010
Otro caso de abuso policial
Portada » Policiales/Judiciales » “Hago responsable al fiscal por si a mí me sucede algo” | ||
17 de Agosto de 2010 | ||
Acusó a varios efectivos policiales por hostigamiento y persecución | ||
“Hago responsable al fiscal por si a mí me sucede algo” | ||
Diego Salas fue a Tribunales y luego acudió a EL DIARIO para denunciar que desde hace dos años y medio es acosado por la Policía, que lo detuvo en varias oportunidades. Y dijo que si le pasa algo grave el responsable será el fiscal Félix Martínez |
Cansado hasta el hartazgo de lo que considera una "injusta persecución" policial, Diego Martín Salas decidió patear el tablero y contar lo que le está pasando desde hace dos años y medio. Y después de acudir a la Justicia para denunciar el acoso que viene sufriendo, salió a defenderse públicamente a través de las páginas de EL DIARIO.
Antes que nada, Diego sabe que un error que cometió en enero de 2002 lo llevó a una condena de seis años de prisión. Pero desde que obtuvo la libertad, allá por enero de 2006, "no me mandé ninguna macana -asegura- pagué por lo que hice y ahora no me quieren dejar en paz".
Este joven de 27 años, desempleado y con graves inconvenientes en su salud (padece diabetes, es insulinodependiente y tiene problemas en la visión), sostiene que lo único que quiere es que lo dejen en paz para poder conseguir un trabajo y superar la difícil situación por la que atraviesa junto a su madre.
"No tengo nada que esconder, por eso fui a hacer la denuncia y hoy vengo a contar todo esto", señaló Salas al presentarse en la Redacción de este matutino para relatar lo que le está sucediendo.
Y añade: "Quiero que me dejen tranquilo y que no me amenacen con plantarme pruebas para involucrarme en algún delito. Además, necesito poder andar en paz para conseguir un trabajo".
Tras sostener que su madre "está muy angustiada y tiene miedo de que me pase algo malo", Diego recuerda que cuando fue a la Fiscalía del Primer Turno para radicar la denuncia, "el fiscal me dijo que no se iba a hacer cargo de nada y que solamente iba a investigar lo que yo denuncié".
"Por eso, quiero decir que hago responsable al doctor (Félix) Martínez por si a mí me sucede algo", enfatizó Salas como paso previo a contar la sucesión de hechos de acoso policial que lo llevaron a formular una denuncia judicial.
Cometió un delito y pagó
Casi con vergüenza por el daño causado, Diego comenzó su relato señalando que en noviembre de 2002 fue condenado a seis años de prisión por un asalto con un cuchillo, hecho que protagonizó junto a otros cuatro sujetos, tres de ellos menores de edad.
El atraco se había producido el 20 de enero de ese mismo año en perjuicio de un remisero villanovense y Salas fue detenido pocos días después.
Con apenas 20 años de edad, este joven domiciliado en calle Colombia al 1300, en barrio Roque Sáenz Peña, permaneció en la cárcel hasta enero de 2006, oportunidad en la que obtuvo la "libertad condicional" porque aquella había sido su primera y única condena.
En agosto de ese año consiguió trabajo en el Expreso Emir, y allí cumplió tareas sin problemas por espacio de un año y cinco meses.
"En enero de 2008 me volvió a detener la Policía: estuve tres días detenido en la Comisaría y otros 17 en la cárcel", recordó Salas. Y agregó: "Iba repartiendo en un camión con un compañero, Germán Gamero. Nos paró el oficial Diego Gallo y nos acusó de que teníamos armas".
Agregó que "Gallo se puso a discutir con el otro muchacho, a quien acusaba de que por su culpa lo habían sacado de la Brigada. La bronca era con él (Gamero), y también se la agarró conmigo".
"Unos pocos días antes de salir -continuó- el oficial Maximiliano Funes nos notificó que nos habían imputado ‘portación de arma’, pero un tiempo después, el fiscal (Gustavo) Atienza dictó la falta de mérito y más adelante fuimos sobreseídos."
Diego recuerda que luego de aquel mal trago estuvo internado un mes en el Hospital Pasteur tras sufrir una severa neumonía, aunque primero permaneció varios días en terapia intensiva, complicado por la diabetes que padece desde hace cinco años.
También tiene problema de visión. Usó lentes desde chico, pero ahora no tiene porque se le rompieron y no cuenta con recursos para comprarse unos nuevos.
Al salir del Hospital y hasta setiembre de 2008, se recuperó lentamente en la casa de su mamá. Luego consiguió trabajo en la gomería "El Triángulo" (propiedad del esposo de una tía), donde empezó realizando tareas de limpieza y luego arreglando neumáticos. Allí trabajó unos ocho meses, hasta mayo de 2009.
"La Policía iba seguido a la gomería y me provocaba, o le decían cosas de mí al dueño para que me dejara sin trabajo", continuó Salas en su pormenorizado relato.
El 6 de mayo del año pasado, alrededor de las 19.30, fue nuevamente detenido. "Estaba por comer algo en un carrito-bar que está al lado de la gomería cuando llegó una chatita y se bajaron dos personas que tenían puestas las capuchas de los buzos que llevaban", recuerda Diego.
"Eran de Investigaciones. Uno me dijo ‘somos policías... dame el arma que tenés’, y yo le dije que no tenía nada, que estaba trabajando", añadió.
Después llegaron otros móviles y varios efectivos, entre los que mencionó al comisario José Martínez, a Gallo y a Ezequiel Lozano.
"Me esposaron y me subieron a una camioneta del CAP -añadió-. Cuando íbamos hacia la Comisaría, Lozano me amenazaba diciéndome ‘dame el arma, sino te siembro una 9’, y yo le dije que hiciera lo que quisiera, que no tenía ningún arma y que no había hecho nada."
Cuenta que en sede policial le iniciaron un sumario contravencional por "negativa a identificarse" y que no la pasó bien. "Me insultaron y me verduguearon todo el tiempo porque se acordaron de los 20 días que había estado detenido en 2008."
Agregó que "en un momento de bronca me golpeé la cabeza contra la pared, y por eso me imputaron ‘daño calificado’ porque se rompió parte de la mampostería".
Estuvo detenido una semana. Hizo huelga de hambre durante dos días y hasta se negó a ser medicado.
"Salí el 14 y a la semana siguiente (el 21) volvieron a detenerme frente a la Escuela del Trabajo por ‘merodeo’, cuando en realidad yo iba a la casa de mi hermana", explicó. Lo soltaron a las dos horas.
Cuenta que en otras ocasiones logró evitar las detenciones sencillamente porque salió corriendo.
"Apenas me ven me meten preso. Tengo que ir al centro con mi mamá o con mi hermana, porque si me ven solo me detienen porque sí", se quejó Diego.
Pero la gota que rebasó el vaso se produjo el lunes de la semana pasada. "A eso de las 18.30 iba a la casa de mi abuela, en Villa Nueva, y apenas doblé en la plaza se me pusieron al lado dos policías en moto. Me pusieron contra la pared, me esposaron y me llevaron detenido a Villa María... ¡y yo no había hecho nada!"
Tras recuperar la libertad, a eso de las 22, decidió contactarse con gente de la VACAP (Vecinos Autoconvocados Contra los Abusos Policiales) para ponerse de acuerdo y concurrir a Tribunales lo antes posible para realizar la denuncia.
Sin embargo, esa misma noche, alrededor de las 12, volvió a padecer el hostigamiento policial. "Después de salir de la Comisaría, me fui caminando hasta la casa de una de mis hermanas, que vive en barrio Las Acacias. Allí me encontré con mi novia. Y cuando la estaba acompañando a su casa, que está a dos cuadras, vimos un patrullero con las luces apagadas. Nosotros apuramos el paso, pero unos 30 metros antes de llegar prendieron la luz y aceleraron. Entramos justo cuando el patrullero llegaba. Uno de los policías se bajó y pateó la puerta, y desde afuera gritaba ‘decile al puto ese que nosotros andamos siempre en la calle’. Después se fueron."
"No doy más"
Diego asegura que no sabe más qué hacer para evitar estos acosos permanentes. Y casi implorando, afirma: "No doy más, no puedo más. Quiero trabajar y poder caminar por la calle sin problemas. Por eso llamé a la gente de la VACAP, para decirles que quería hacer la denuncia".
La "frutilla del postre" la tuvo el miércoles pasado, a eso de las 19, cuando una camioneta del CAP, con dos uniformados adentro, se paró frente a la casa de la madre. "Vení cagón, salí", dice que le gritaron un par de veces antes de abandonar el barrio con las balizas encendidas.
En la denuncia judicial, Salas incluyó los nombres de los policías que lo hostigan, y además de los ya mencionados Martínez, Gallo y Lozano, agregó los de Cristian Carpené, un tal Mondino y otro apellidado Rivarola.
miércoles, 21 de julio de 2010
Veinte preguntas sobre el Código de Faltas
Veinte preguntas sobre el Código de Faltas
por Horacio Javier Etchichury,
docente de la Universidad Nacional de Córdoba
Aquí intento presentar, del modo más claro posible, alguna información sobre el Código de
Faltas. No es todo lo que se necesita saber, ni reemplaza el asesoramiento de abogadas/os. Cada
caso debe analizarse de modo particular y cada persona u organización debe tomar sus propias
decisiones en la materia.
1) ¿Qué es el Código de Faltas?
Es una ley de la provincia de Córdoba, aprobada por la
Legislatura con el número 8431. Supuestamente, el Código sirve para castigar algunas conductas
(las “faltas”) que perjudican la vida cotidiana y así facilitar la convivencia. Pero en realidad, hoy el
Código incluye muchos comportamientos que no afectan a nadie y que son, en muchos casos, el
ejercicio de derechos que están en la Constitución Nacional.
2) ¿Cómo funciona el Código en la vida diaria?
Esta ley autoriza a la Policía a detener personas
que estén cometiendo una falta (art. 123 del Código). A los detenidos se les puede imponer luego
una pena de multa (máxima: 5000 pesos, art. 106) o de días de arresto (máximo: 180 días, art. 111).
Durante 2007, según información oficial, la Policía hizo 15.000 (quince mil) detenciones en la
ciudad de Córdoba. O sea, 41 detenciones por día.
3) ¿Qué pasa si me detienen?
Para detener a alguien, la Policía lo acusa de estar cometiendo una
falta y luego lo lleva a una comisaría. Allí queda entre uno y tres días, esperando la “planilla de
antecedentes”. Si no aparece alguna condena anterior, la Policía libera a la persona. Los días que
estuvo presa no son el castigo por la falta, sino una “detención preventiva”. La persona debe volver
diez o quince días después: ahí se le hace firmar un papel con la condena aplicada. Esto se llama
“notificación” (art. 117). Cuando pone su firma, la persona está diciendo que se entera de la
condena y que está de acuerdo. En general, no hay que cumplir la condena en ese momento. El
arresto queda pendiente para la próxima detención (art. 22), porque estará en la “planilla”.
4) ¿Quién dicta la condena?
Lo hace un comisario (o subcomisario, en el interior) (art. 114).
5) ¿Cuándo tengo derecho al arresto en mi casa?
Según el mismo Código (art. 24), cuando no
haya lugar en los establecimientos adecuados. También si la persona detenida es una mujer
embarazada o que esté amamantando, o un individuo mayor de 60 años o que sufra alguna
enfermedad o impedimento. Por último, el arresto domiciliario corresponde cuando la detención en
otro lugar pudiera perjudicar de modo grave e irreparable a la familia de la persona arrestada.
6) ¿Cuánto tiempo queda la condena en mi registro?
Se mantiene por 2 (dos) años (art. 11).
7) ¿Qué quiere decir “apelar” la condena?
Significa rechazar la decisión del comisario, y pedir
que un juez la revise (arts. 118 y 120). Para hacerlo, debe escribirse “APELO” antes de la firma en
el papel donde figura la condena. Si no se puede, hay que ir inmediatamente después de firmar al
juzgado de Faltas correspondiente (en la ciudad de Córdoba, en el edificio de Tribunales I, Caseros
555). Allí se presenta un papel con el nombre, DNI y domicilio de la persona condenada, y se pone
por escrito lo ocurrido y se dice claramente que se quiere apelar la condena. En el mismo papel,
debe pedirse la asignación de un abogado defensor gratuito (art. 15) si no se tiene dinero para uno
privado. Este escrito de apelación debe llevarse en dos copias. Una es para el juzgado; la otra, con
un sello que indica la fecha de presentación, queda para la persona que apela.
8) Si estoy detenido/a, ¿puedo apelar la condena?
Sí, a través de otro. Si luego de la condena la
persona sigue arrestada, cualquiera puede hacer la apelación en su favor (art. 118).
9) Si apelo, ¿me pueden dar más días de arresto?
No. El juez solamente revisa la condena. Puede
eliminarla, declarando inocente a la persona. Puede también confirmarla; pero no puede aumentarla
(art. 122).
10) ¿Tiene la Policía derecho a detenerme por el Código de Faltas?
Sí, pero no corresponde. Sí
puede porque el Código vigente le da esa atribución (art. 123). Pero no corresponde porque ese
mismo Código es inconstitucional.
11) ¿Qué quiere decir que el Código es “inconstitucional”?
Significa que va en contra de
derechos asegurados en la Constitución Nacional, y que no debería mantenerse como ley de la
Provincia. Hasta que la Legislatura lo elimine o lo cambie por otro, se puede pedir al juez que lo
declare inconstitucional y que no lo aplique en el caso de la persona detenida.
12) ¿Por qué el Código es inconstitucional?
Hay dos razones principales. 1) El procedimiento del
Código viola los derechos constitucionales de defensa y de acceso a la Justicia. 2) El Código
castiga algunas formas de ejercer la libertad personal y los derechos constitucionales de circular, de
trabajar y de expresarse, entre otros.
13) ¿Cómo afecta el derecho de defensa?
La Constitución (en su art. 18) garantiza ese derecho a
tener un defensor. Pero según el Código “no es necesario” tener abogado (art. 15), a pesar de que
está en juego la libertad de la persona.
14) ¿Cómo afecta el derecho de acceder a la Justicia?
Según la Constitución, solamente un juez
“independiente” e “imparcial” puede resolver sobre los derechos y la libertad (Convención
Americana de Derechos Humanos, arts. 8 y 25; esta Convención vale tanto como la Constitución).
En el Código de Faltas, la condena es dictada por un comisario o subcomisario (art. 114). No es un
juez; tampoco es “independiente” (depende del Jefe de Policía y del Gobernador); tampoco es
“imparcial” (integra la misma institución que detiene y acusa a la persona). No juzga “desde
afuera”, sino que es parte en el procedimiento.
15) ¿Cómo afecta la libertad personal?
Nuestra Constitución (art. 19) garantiza esa libertad
mientras no se dañe a otros ni se afecte el orden o la moral pública. El Estado no puede castigar el
ejercicio de esa libertad personal. Pero el Código establece pena de arresto para quienes tomen una
bebida alcohólica en la calle (art. 61), sin que ello afecte a nadie ni provoque ninguna alteración del
orden.
16) ¿Cómo afecta a la libertad de circular?
La figura del “merodeo” (art. 98) castiga con arresto a
quien esté “en actitud sospechosa” cerca de edificios o vehículos. El personal policial define qué
resulta “sospechoso”: cualquier caminata por la calle puede convertirse en “merodeo”. No hace falta
que nadie solicite a la Policía que actúe. Esto afecta el derecho a transitar (art. 14 de la
Constitución). Algo parecido ocurre con la “omisión de identificarse” (art. 79 del Código), que
permite arrestar a quien no se identifique ante la Policía o no responda sus preguntas.
17) ¿Cómo afecta el derecho a trabajar?
Contra quienes ejercen el trabajo sexual se usa la figura
de “prostitución molesta o escandalosa” (art. 45 del Código). Tampoco hace falta que alguien se
sienta molesto o escandalizado: la Policía puede detener por iniciativa propia. Esta falta tiene una
pena más alta que la de “escándalo público” (art. 52): se castiga especialmente al trabajo sexual. Así
se violenta el derecho a trabajar (art. 14 de la Constitución y art. 6 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; este Pacto tiene el mismo valor que la Constitución).
18) ¿Cómo afecta a la libertad de expresión?
La figura de “reuniones públicas tumultuarias” (art.
99) también puede usarse contra manifestantes. La Policía decide qué es un tumulto y puede arrestar
a quienes están en la marcha (aunque no participen en el tumulto ni lo causen). Esto puede limitar
los derechos a la libre expresión y a peticionar a las autoridades (art. 14 de la Constitución).
19) ¿Qué hacer frente al Código?
Cada organización debe definirlo. Desde el punto de vista del
derecho hay varias alternativas. Por ejemplo, puede usarse el hábeas corpus (art. 43 de la
Constitución): es un escrito para pedir a un juez que libere a alguien detenido por Código de Faltas,
solicitando que se declare inconstitucional el artículo que le hayan aplicado, y también que se le
provea un abogado defensor. Cualquier persona, incluso sin abogado, puede presentar un hábeas
corpus a favor de otro. Debe hacerse en la mesa de entradas de Tribunales II (Fructuoso Rivera 720)
de lunes a viernes de 8 a 20 hs, y fuera de esos días y horarios, en la mesa de atención permanente
en Tribunales I (Bolívar 250). Hay que llevar dos copias, para quedarse con una sellada y firmada
por quien recibió el escrito. El hábeas corpus también puede usarse para pedir que se garanticen
condiciones sanas de detención o para prevenir un arresto que esté por producirse.
Pueden pedirse acciones a otros poderes. El Gobernador, como jefe supremo de la Policía, puede
ordenar que se asigne abogado defensor a cada detenido por faltas, o fijando pautas claras para las
figuras más discutibles (como el “merodeo”). La Legislatura puede reformar o derogar el Código
para asegurar el respeto de la Constitución. También puede designar los jueces de faltas que
reemplacen a los comisarios, algo que se viene postergando desde 1994. El Tribunal Superior de
Justicia puede dictar “normas prácticas” para la aplicación del Código (art. 127) ordenando que se
provea abogado defensor a cada persona detenida, o que la “planilla de antecedentes” se espere en
libertad, o que cada condena se apele automáticamente. Estas son apenas algunas vías posibles:
cada organización decidirá cuáles sirven a sus estrategias.
20) ¿Dónde puedo leer el Código de Faltas y un modelo de hábeas corpus? Hay más
información en http://codigodefaltas.blogspot.com
Córdoba, julio de 2010.
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