Petitorio

                                                                                             Cordoba, 11 de mayo, 2010.

 

 

SR. JUAN CARLOS RAMALLO.

DIRECTOR DEL PENAL SAN MARTIN.

CORDOBA.

 

Las personas y organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por las condiciones en las que se encuentra detenida Cocó Contreras y exigimos la atención inmediata de las siguientes consideraciones:

 

1. Cocó Contreras está confinada en el Pabellon 1 del Penal de San Martín de la Ciudad de Córdoba. Se trata de una ciudadana travesti que se encuentra alojada en un pabellón masculino. La misma situación es compartida por Laura Pilleri La reclusión personas trans (travestis, transexuales y transgénero) en estas condiciones viola no solamente su derecho a la identidad, sino también su derecho a la expresión de género y a la libertad de expresión, y las coloca en una situación extremadamente grave de vulnerabilidad.

 

2. Cocó Contreras está gravemente enferma. Es una persona vih positiva a quien se le ha negado el acceso a condiciones sanitarias adecuadas, incluyendo la habitación en espacios higiénicos, el acceso a una dieta adecuada y a medicación general y específica. Esta situación es una violación flagrante de su derecho a la salud.

 

3. A pesar de su condición crítica, Cocó Contreras debe continuar cumpliendo con las obligaciones laborales que le impone el servicio penitenciario, sin que el cumplimiento de esas obligaciones le reporte algún beneficio económico significativo.

 

4. El cambio de fase –de 3 a 4- reportaría una mejora importante en su situación. Este cambio debió llevarse a cabo hace un año y medio, y fue demorado de manera injustificada hasta el presente. El viernes 14 de mayo de 2010 tendrá lugar la evaluación de este cambio.

 

Es por eso que solicitamos de manera urgente:

 

1. Atender de manera inmediata la situación sanitaria (y en especial inmunológica) de Cocó Contreras, permitiéndole el acceso a un régimen nutricional adecuado y al tratamiento médico-asistencial que le es debido y a la medicación general y específica determinada por profesionales idóneos. El incumplimiento de estos requisitos está en franca contradicción con lo estipulado por la Ley de Lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (ley 23.798) acerca de las obligaciones del Estado argentino en cuanto a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Ese incumplimiento se enmarca también en violación directa de su derecho a la integridad física, a la salud, a no ser sometida a tortura ni otras penas crueles, inhumanas y degradantes y, de continuar agravándose su situación, a la vida.

 

2. Otorgarle el acceso inmediato a los beneficios contemplados en la ley 18.910 (pensión nacional por invalidez), así como a los bonos de compra Vale lo nuestro proporcionados por la Municipalidad de Córdoba y los Módulos Alimenticios que provee el Gobierno de la Provincia de Córdoba. El acceso a estos beneficios le está vedado en la actualidad por tratarse de una persona privada de su libertad. Consideramos, sin embargo, que excluir a Cocó Contreras –y a cualquier persona en su condición- del acceso a dichos beneficios constituye una forma de discriminació n incompatible con el pleno cumplimiento de sus derechos humanos.

 

3. Aplicar de manera inmediata lo establecido por la ley 24660 de ejecución de la pena privativa de la libertad, la cual prevé la posibilidad de que los jueces otorguen el beneficio de prisión domiciliara. El cuadro de depresión inmunológica que presenta Cocó Contreras sumado a sus condiciones habitacionales de máxima insalubridad, sin acceso a una alimentación adecuada, a atención médica ni a medicación imprescindible para garantizar su supervivencia justifican acabadamente este pedido.

 

4. Conceder el cambio de fase correspondiente y efectivizarlo de manera inmediata.

 

5. El confinamiento de Cocó Contreras, así como de otras travestis en las cárceles cordobesas, y el trato discriminatorio y violento al que están sujetas– en particular aquel que reciben por parte del propio personal penitenciario- viola de manera expresa su derecho humano a no ser sometidas a torturas ni otras penas crueles, inhumanas y degradantes, de acuerdo al artículo 9 de la ley 24.660 sobre ejecución penal y a otras normas nacionales e internacionales. Mientras se mantenga la actual normativa respecto a la distribución genérica de personas trans en el sistema penitenciario argentino reclamamos la capacitación específica de todo el personal, así como la apertura de espacios de información, formación y contención.

 

Por nuestra parte, nos comprometemos a acompañar a Cocó Contreras en cada uno de los pasos que sean necesarios para que obtenga su libertad, conformando una red de contención social que le brindará apoyo, trabajo y posibilidades de formación y recreación.

 

Quienes firmamos esta carta podemos atestiguar de manera fehaciente las condiciones edilicias, higiénicas, laborales, sanitarias y alimentarias del penal de San Martín. Se trata de condiciones que degradan cotidianamente la dignidad, la integridad y la salud de las personas allí confinadas, amenazando de manera constante su derecho a la vida.

 

Las travestis recluidas en el sistema penitenciario cordobés son una de las poblaciones más vulneradas por un sistema que no solo castiga con el encierro, sino también con la humillación y el aislamiento, el hambre, el trabajo forzado, la violencia verbal, física y sexual; un sistema que se arroga el derecho injustificable a castigar a las personas por su cuerpo, su sexualidad y su identidad, y que por acción u omisión ejecuta a diario penas de muerte.

 

Es por eso que nuestra demanda respecto del cambio urgente en las condiciones de encierro de Cocó Contreras se extiende, en plena consonancia con la legislación argentina y los tratados intencionales suscriptos por nuestro país, a la modificación imprescindibles de las condiciones en las que se encuentran las demás personas privadas de la libertad, en particular de las personas trans y de todas aquellas que, por distintos motivos, se encuentran en situaciones sanitarias comprometidas.