DE VIOLENCIAS RECONOCIDAS Y REPUDIADAS para unos ciudadanos Y DE VIOLENCIAS NEGADAS de Injusticias para otros ciudadanos.

                       Que un ciudadano, cumpliendo una función pública en el municipio de Villa María  y su familia sean intimados por una acción violenta por otro u otros ciudadanos/as , es un hecho preocupante, ya que da cuenta del  fracaso de  la palabra y el acuerdo, al irrumpir  la acción con sentido amenazador, la  que tuvo su contrapeso al convocarse a un conjunto  de responsables de instituciones públicas y privadas  para efectuar  la protección y la  solidaridad,  ante el irracional hecho y sus efectos en la subjetividad de los que lo vivenciaron.

                         Vacap se pone en  el lugar del otro, de los otros,  de las víctimas  del hecho violento, comprende su situación de violentación  y se pregunta ¿porque se llega a esa situación? ¿Cuáles son las motivaciones que producen el hecho amedrentador? Será la justicia la que deba actuar para esclarecer el caso, que cuenta con los recursos para llegar a la verdad jurídica, y no escatimará esfuerzos.

                       Al mismo tiempo nos preguntamos porque se reacciona tan rápido y en forma tan saludable para reconocer esta violencia y repudiarla y no se respeta  a miles de jóvenes que son detenidos por el Código de Faltas de la Provincia de Córdoba? , en su mayoría en forma arbitraria, arrojándoles al desamparo de la pérdida de  trabajos, y a la situación de exclusión y por ende, a  la vulnerabilidad de caer en las redes de acciones delincuenciales, o en  prácticas de acoso a personas exprivadas de libertad reforzando los imaginarios estigmatizantes.

                     Que estas prácticas policiales  ante el Código de Faltas se efectúen deviene de los poderes de la república tanto provinciales como municipales,  el  legislativo que lo formula  como legalidad,  el ejecutivo que lo aprueba y el judicial que lo reprime.

                     Vacap va a seguir bregando por la derogación del Código de Faltas, por una  justicia para todos los ciudadanos/as  violentados, y para que la denegación de justicia no se siga practicando hacia los sectores populares,  dejando impune a las prácticas policiales violentas sustentadas por el aparato estatal.

                  Confiamos en la ética profesional de algunos funcionarios  del poder que  representen para abran puertas  a un ejercicio pleno de las prácticas democráticas  enunciadas en la constitución madre. y en los derechos humanos del pueblo violentado por las políticas represivas, en su más amplio  sentido.